A diario se registran casos de denuncias de fraudes que suelen terminar hasta en tragedias por la comisión de fraudes en actividades de compra-venta de automotores usados, cuya causa radica en la inexistencia de un registro público vehicular confiable, actualizado, donde fiscalías de los estados retrasan información.
El panorama reviste mucha irregularidad, desde su creación este esquema creado durante la administración del Presidente Vicente Fox resultó incompleto; pero en opinión del licenciado Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, lejos de darle mejora progresiva a fin de homologar el control al día, cayó en rezagos al grado que dejó de ser una referencia fiel.
Con un sistema donde las dependencias involucradas dejaron de lado el compromiso de actualizar los datos con inversiones tecnología de punta, prácticamente dejan libre el acceso a los delincuentes para vender carros robados, “caldo de cultivo” para que compradores confiados en el informe del registro público vehicular de reporte sin reporte del robo entregan dinero y dos o más meses después se conoce la realidad con los consecuentes conflictos legales y, lo peor, además del dinero perdido estaría en riesgo hasta la vida del reclamante.
Lamenta el directivo de la AMDA el grado del problema prevaleciente, donde cada entidad federativa tiene su sistema de control vehicular, cuando deberían operar procesos de manera homologada, propio de una administración pública donde se privilegie la eficiencia, de respuestas ciertas y con inmediatez.
Ventajas de comprar en agencias
Ante el escenario irregular con tendencia a ponerse peor, Rosales Zárate recomienda a los interesados en cambiar vehículos usados, hacerlo directamente con personal de agencias automovilísticas donde recibirán el precio justo, tal vez poco menor a lo que pudiera darse entre particulares, pero con el beneficio de la certidumbre de legalidad vehicular, fuera de sobresaltos.
Por el canal referido el comprador tendrá la ventaja de que el contrato está avalado por la Procuraduría del Consumidor garantiza la inversión hecha. La responsabilidad asumida por el concesionario tendrá respuesta efectiva al momento de ocurrir reclamaciones posteriores.
Preferible descartar supuestas ofertas difundidas en redes sociales, porque estaremos previniendo consecuencias muy lamentables. La inseguridad en todas sus manifestaciones está fuera de control.
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