El Instituto de Pensiones del Estado creado en marzo de 1952 por el gobernador en turno Marco Antonio Muñoz Turnbull, obra de gran contenido social mejorada por sus colegas Antonio M. Quirasco, Fernando López Arias y Rafael Hernández Ochoa, a éste último le deben el hecho de haber instituido la pensión móvil, un referente nacional hasta la fecha.
Esa gran institución dijo el maestro Rodolfo Suárez Castellanos, presidente del Consejo de Pensionados y Jubilados de Veracruz, consecuencia de abusos, saqueos de directivos, atraviesa por situación deficitaria que la pone en el papel de una “olla de presión” sometida a fuego creciente que podría estallar a futuro no tan lejano, de no asumir, desde ahora medidas correctivas de fondo.
Estas declaraciones surgieron luego del regreso del entrevistado de la Ciudad de Xalapa donde acudió a la presentación del libro “Una Visión Sobre el IPE del Estado de Veracruz” escrito por Luis Magaña Cuéllar y Alberto Flores Callejas, ocupando la Sala de Audiovisual de la Escuela Normal Veracruzana de la capital.
Muchos factores influyen
Es cierto, abundó Suárez Castellanos, al inicio de operaciones hace 71 años atrás la proporción entre activos y pensionados era de 10 o más a 1, mientras en este momento se ubica en 4 a 1, cuyas cifras, por si solas resultan insuficientes para satisfacer compromisos de la institución a lo anterior agregan las pillerías cometidas por mandatarios en turno con la complicidad de integrantes del consejo directivo.
Urge cancelar disparidad en monto de pensiones
Recupera ración de 7,890 millones
Una de las acciones sostenidas con mayor énfasis de parte de la organización de pensionados y jubilados radica en la recuperación de 7 890 millones de pesos que por diversas razones, muchas al margen de la ley, configuraron adeudo del gobierno del Estado con el Instituto de Pensiones. No quitan el dedo del renglón, aunque están conscientes de resultar un objetivo complejo y muy difícil de lograr. Lo importantes es reunir condiciones de viabilidad a la atención requerida por más de 32 000 derechohabientes.
A todo lo anterior el dirigente abordado ayer destacó la implementación de una política de contención de jubilados, si consideramos la estadística presentada en el libro referido, de 2010 a 2016 el número de incorporados fue 41,8 % y del 2018 a 2021 sólo registran el 4.7 %. Nadie discute la validez del derecho al beneficio del retiro, pero algunos organismos afiliados al IPE realizan este recurso en el afán de conservar la estabilidad durante el siguiente periodo de 3 a 5 lustros.
Por: Mario Vázquez
Síguenos en Twitter @ElDictamen
O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.
Y también en Instagram: @ElDictamen
Más noticias: AQUÍ
