Resultados de un estudio realizado por la Secretaría de Salud del estado de Veracruz, entregados a la presidencia del Congreso local, arrojan que el agua que la empresa Grupo MAS suministra a los habitantes de Veracruz y Medellín, representa un riesgo sanitario físico, químico y biológico para la población, reveló el diputado local Fernando Arteaga Aponte, presidente de la Comisión de Agua de la Legislatura.
En conferencia de prensa, el legislador de Morena anunció que estos resultados engrosan los argumentos que necesitarán para cuando llegue el momento de extinguir la concesión del agua al Grupo MAS, accionista de la empresa Odebrecht, y sin la necesidad de que el estado tenga que pagar 3 mil millones de pesos que argumentan como indemnización.
Precisó que estos resultados la Secretaría de Salud los entregó al Congreso el 25 de abril del 2022, y fue tal la cantidad de irregularidades que la autoridad sanitaria procedió a iniciar una serie de procedimientos administrativos para sancionarlos.
Sostuvo que el Estudio de Riesgo Biológico Sanitario constató diversos puntos de incumplimiento a la normatividad sanitaria vigente, entre éstas: la infraestructura hidráulica en desuso, con maleza y abandono, lo que demuestra la nula realización de mantenimiento correctivo ni preventivo.
Revelan pruebas de contaminación del agua, con ellas empezaría retiro de concesión a Grupo MAS
La empresa no cuenta con certificados vigentes de calidad de agua para consumo humano.
Concesiones de Conagua sin regularizar y no presentaron ni un solo manual general de operación, es decir no existe un control del proceso de potabilización, distribución y uso del agua.
Pero el peor hallazgo, denunció Arteaga Aponte, es que se constató la presencia de diversos contaminantes en el agua que suministran a los hogares: Coliformes fecales y totales.
También se identificó la presencia de sustancias como cromo y aluminio en las aguas que supuestamente tratan y posteriormente desechan al mar.
Intentaron arreglar la calidad del agua pero se encontró un exceso de cloro en la mayoría de sus sistemas de abastecimiento.
Comentó que hay muchos mayores datos que revelan que Grupo MAS no ha cumplido con los compromisos al recibir la concesión del agua en el 2015, pero no se pueden revelar más en respeto al debido proceso y evitar que esta empresa intente nuevamente evadir la acción de la justicia.
“El objetivo es que con plena responsabilidad y sin violentar ningún tipo de ordenamiento, se logre comprobar que no han cumplido con los compromisos de la concesión y ésta se pueda cancelar”, subrayó.
Hizo un llamado a la Procuraduría del Medio Ambiente a que haga su trabajo con mayor responsabilidad y empiece a actuar, y le pidió al titular de la PMA explique por qué retiraron la lona de clausura de la planta de tratamiento de la zona norte.
Recordó que la 63 Legislatura local fue la responsable de otorgar la concesión del agua a Odebrecht y Grupo MAS, y que ahora la actual Legislatura le toca iniciar una estrategia que permita extinguir esa concesión sin perjudicar la prestación del servicio y sin tener que aportar un pago de resarcimiento del dinero público de 3 mil millones de pesos.
Consideró que en breve el Orfis tendrá que dar los resultados con base en la legalidad que llevan en términos jurídicos.
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