Durante el primer trimestre de este 2022, se ha incrementado el número de ayuntamientos señalados por no cumplir con la ley de transparencia, dijo Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI).
“Durante el primer semestre si tuvimos un incremento importante en comparación con el año 2020 y te digo sobre todo un 90 por ciento de este incremento que se está dando este 2022, es en ayuntamientos, indiscutiblemente”, comentó.
La entrevistada aseguró que también hay solicitudes de información para otras instituciones, órganos autónomos, Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Salud, y el propio IVAI, así como institutos tecnológicos, sindicatos o dependencias estatales, entre otros.
Destacó que se han aplicado amonestaciones públicas a varios ayuntamientos, que corresponden a una sanción menor, es decir, es una especie de observación por el incumplimiento de no publicar alguna información en el portal de transparencia, que se haya solicitado y por ello se impone al servidor público que incumplió como el tesorero, áreas de recursos humanos y nómina.
“En cuanto a solicitudes decirte que sin duda se incrementaron hacia los ayuntamientos, todos los ayuntamientos o diversos ayuntamientos, no hay propiamente un ayuntamiento en particular que tenga un mayor número de solicitudes de información, que le están pidiendo propiamente a los ayuntamientos, como son nuevas administraciones municipales les están pidiendo su información curricular de todos los regidores, directores que designaron, están pidiendo la documentación soporte para ver si cumplen o no cumplen los requisitos y perfil para los nuevos cargos”, comentó.
Agregó que “les están preguntando también temas como los salarios, están pidiendo los comprobantes fiscales digitales que es precisamente el pago de la nómina, pero ya con el comprobante que te permita realmente pues a lo mejor vincular o revisar si es la misma información que tienen publicada en sus portales de transparencia”.
También han estado solicitando algunas actas de cabildo y contratos, aunque sabemos que, con el cambio de administración, durante los primeros meses no se asignan contratos, sin embargo, es una obligación que se debe de cumplir de manera trimestral y que se tienen que reportar los contratos que cualquier autoridad o institución haga.
La capacitación que se está realizando está más enfocada a los medios de impugnación o las quejas que puede interponer la ciudadanía por una falta de respuesta, porque no estén publicando la información en sus portales de transparencia, además que se están obligados a realizar verificaciones de oficio que se hacen de manera aleatoria y cómo se deben de atender en caso de que tengan este tipo de situaciones.
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“Estamos todavía en marcha, decirles que se programaron 100 verificaciones aleatorias este año, se aprueba un calendario en el mes de diciembre y la misma ley señala que se tendrá que hacer de manera aleatoria y así se están haciendo y se están programando este primer semestre, se están haciendo ya tenemos algunas hechas en el primer semestre posiblemente llevemos unas 40 o 50 ya en revisiones de acuerdo al cronograma”, comentó.
Sin embargo, como ocurre con las auditorias del Órgano de Fiscalización Superior, se les informa a ellos la evaluación que obtuvieron y se les da todavía un periodo para poder subsanar esas irregularidades, en el caso de las que ya se hicieron en el primer semestre, todavía están en posibilidad de subsanar.
En caso de no hacerlo se le notifica al titular o superior jerárquico de esa institución ya sea alcalde o secretario de despacho, que su unidad de transparencia no cumplió con esa verificación aleatoria y se les vuelve a otorgar un plazo más de cinco días hábiles y si no cumplen, procede un acuerdo de incumplimiento que sube al pleno y donde ya se aplican amonestaciones públicas y en caso de no atenderlo, corresponde la multa económica.
Dichas multas pueden ser desde 14 mil pesos hasta 134 mil pesos, que son aplicadas al servidor público y no se pueden pagar del erario público, siempre y cuando se confirme que incumplió alguna obligación de transparencia o en materia de datos personales.
Solo el año pasado se impusieron 10 multas de este tipo, con un monto de 13 mil pesos de acuerdo a la actualización de la UMA.
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