Este 15 de abril se cumplen 4 años de la detención del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa; quien fue aprehendido en Guatemala por 2 delitos: operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Cabe recordar que, en 2018, Javier Duarte recibió una condena de 9 años en prisión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero; lo anterior tras declararse culpable y considerar que el proceso penal fue legal, por lo que también se le impuso una multa de 58 mil 890 pesos.
¿De que se le acusó a Duarte?
De acuerdo con las investigaciones de la PGR, Javier Duarte encabezó una red delictiva que permitió el desvío de al menos 223 millones de pesos provenientes del erario público; los cuales fueron entregados a cerca de 600 empresas fantasma y prestanombres a lo largo de todo el estado.
En mayo de 2014 una investigación del medio digital Animal Político reveló que durante la gestión de Javier Duarte se conformó una red de empresas fantasma. A estas se les facilitaban licitaciones públicas o se les asignaban directamente contratos; principalmente relacionados con política social, como el combate a la pobreza o la asistencia.
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Se demostró que estas empresas fueron creadas en condiciones irregulares, inmediatamente después del inicio del gobierno de Duarte; además, tenían domicilios en edificios o terrenos abandonados o bien, habían desaparecido luego de recibir los contratos, asimismo, algunas de ellas tenían socios en común.
En 2016, Iván López Fernández, uno de los excontralores del gobierno de Duarte, aseguró que el número de empresas llegaba a 600 y que estaban repartidas por toda la administración estatal; para lo cual habría informado a la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El excontralor aseguró que todos los que eran directamente responsables “estaban avisados”.
El 11 de noviembre de 2016 la policía detuvo a Mario Medina, primo de Karime Macías, esposa de Duarte, con dos pasaportes falsos que mostraban fotografías editadas del exgobernador priista y su esposa. Dichos pasaportes estaban a nombre de Alex Huerta Del Valle y Gabriela Ponce Arriaga, respectivamente.
Medina fue detenido por su actitud nerviosa en el Aeropuerto Internacional de Tapachula, en el estado de Chiapas. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) determinó que los documentos que portaba habían sido falsificados. Medina reveló a la FGR dos posibles ubicaciones de Duarte y su esposa, e informó que los documentos tenían como objetivo el escape del exgobernador hacia Guatemala.
En enero de 2017 la PGR cateó un domicilio en la calle de Amores de la Colonia del Valle en la Ciudad de México; allí se localizaron cajas con 23 millones de pesos, dos Centenarios de oro y un disco duro.
Un mes después, el 20 de febrero, la policía de Veracruz encontrócon pertenencias de Javier Duarte y Karime Macías en una bodega de Córdoba, Veracruz. Entre los objetos destacan libretas de las marcas Mont Blanc y Moleskine en las que se pueden observar apuntes correspondientes a Duarte y Macías. Las anotaciones se encontraban relacionadas con cuentas bancarias, propiedades pertenecientes a ambos, listas de nombres con presuntos beneficiarios; así como esquemas de funcionamiento de los desvíos de recursos públicos. Además, se lee la leyenda “sí merezco abundancia” escrita en repetidas ocasiones, escritas presuntamente por Karime Macías.
La detención
De acuerdo con declaraciones de Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz del periodo 2016 a 2018, Duarte abandonó el estado el 15 de octubre de 2016 a bordo de un helicóptero. Esto ocurrió tan sólo dos días después de que la Procuraduría General de la República (PGR) obtuviera una orden de aprehensión en su contra.
El exgobernador de Veracruz estuvo en paradero desconocido hasta ser aprehendido el 15 de abril de 2017 en Guatemala con el apoyo de la Interpol de este país.
La Interpol de Guatemala dio a conocer los hechos por medio de un comunicado y de un tweet en el que se observan fotografías de Duarte de Ochoa.
Javier Duarte se reservó el derecho de decidir si aceptaría o no la extradición para ser juzgado en México. “No puedo allanarme hasta que llegue la solicitud formal de extradición”, dijo durante su primera audiencia en Guatemala el exgobernador de Veracruz.
La extradición del exgobernador priista a México se formalizó 53 días después de su arresto. La PGR mencionó que el proceso de extradición incluyó cuatro órdenes de aprehensión por ocho distintos delitos. Sin embargo, entre los delitos por los que México solicitó la extradición no se encontraban los desvíos de miles de millones de pesos denunciados por la ASF.
Duarte de Ochoa llegó a México el 17 de julio de 2018; se documentó la estadía de Duarte a través del Instituto Nacional de Migración y se le realizaron estudios médicos. Posteriormente se trasladó en un convoy a un juzgado del Reclusorio Norte de la Ciudad de México; esto para ser notificado de las acusaciones que se le imputaban.
La condena
El 26 de septiembre de 2018, el exgobernador priista se declaró culpable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa para obtener una reducción de su condena; la cual se estableció en 9 años de cárcel y una multa de 58 mil 890 pesos mexicanos.
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Además, se ordenó el decomiso de 41 bienes (21 son lotes de parcelas y 20 inmuebles); de los cuales, algunos se encuentran valuados en 45 millones de pesos cada uno y ubicados en zonas exclusivas de Santa Fe, en Ciudad de México.
Sin embargo, la magistrada titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de Ciudad de México Isabel Porras Odriozola revocó el decomiso de más de 40 propiedades supuestamente ligadas al inculpado.
Como el periodo de 9 años comenzó a computarse desde que Duarte fue detenido en abril de 2017, al exgobernador le restan casi cinco años para recuperar su libertad. Por otra parte, se había establecido que luego de purgar más de la mitad de su condena podría analizarse su liberación; sin embargo, el 4 de enero de 2020 un juez negó a Duarte su petición de libertad con medidas cautelares.
Duarte, Odebrecht y Peña Nieto
El 5 de noviembre del mismo año, Duarte de Ochoa ofreció hablar sobre los sobornos que la empresa brasileña Odebrecht otorgó a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, cuando contendía para ser presidente de México por el PRI.
El exgobernador de Veracruz señaló a Luis Meneses Weyll de declarar falsedades sobre lo que él llama “apoyos económicos” que hicieron en favor de la campaña de Peña Nieto.
Según las declaraciones de Javier Duarte, luego de que EPN tuviera una gira por Sudamérica y una reunión con Marcelo Odebrecht, Peña Nieto lo llamó para pedirle “que acelerara todos los trámites y obras que el gobierno del estado de Veracruz tuviera pendiente para que Etileno XXI pudiera arrancar lo antes posible ya que él tenía un compromiso muy grande con estas personas por el apoyo que había recibido para su campaña presidencial”. El exgobernador de Veracruz aseguró que sólo brindaba esa información “para apoyar en la investigación del caso”.
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