El presidente de la Cámara de Diputados, el veracruzano Sergio Gutiérrez Luna, sostuvo que con base en las facultades que le confiere la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, “presentaré un recurso de queja para que la propia corte determine que el Instituto Nacional Electoral (INE) violó una resolución de ese órgano jurisdiccional”.
Esto ante la actitud asumida por la mayoría de consejeras y consejeros, del INE, encabezados por Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, que determinó suspender varias fases del proceso de revocación de mandato bajo el argumento de que no cuentan con los recursos para ese ejercicio democrático.
Por lo que, se presentarán las denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Contraloría del propio organismo público autónomo por las probables responsabilidades administrativas y penales, por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos, entre otros.
Dijo que “la Ley Federal de Revocación de Mandato, establece claramente, que el INE deberá garantizar la realización de este ejercicio y para ello, el INE, dice la ley, cito: hará los ajustes presupuestales que fueren necesarios”.
Agregó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera precautoria, negó al INE la suspensión que este había solicitado para no hacer ajustes presupuestales. La Corte no le dio la razón en el incidente de suspensión al instituto, por lo que el proceso de revocación debe seguir.
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Gutiérrez Luna señaló que la determinación de suspender el proceso de revocación que emitió el INE, constituye el incumplimiento de un mandato legal y a la vez configura un fraude a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al evadir su cumplimiento. Cabe destacar que la Cámara de Diputados es parte en ese juicio.
“El respeto a las atribuciones de los poderes y órganos constitucionales debe comenzar con la observancia a la ley emanada de este Poder Legislativo, asimismo también deben cumplirse las resoluciones de los órganos jurisdiccionales”, puntualizó.
Aseguró que esta actitud, que vulnera el Estado de derecho, tiene como origen la demanda del INE por más dinero, sin entender que esta soberanía en ejercicio de la facultad exclusiva en materia presupuestal, determinó asignar los recursos suficientes a ese órgano constitucional.
“Esta presidencia defenderá las determinaciones que emanen del ejercicio de nuestras facultades constitucionales, es nuestra obligación y la cumpliremos, así de nítida es la ley”.
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