Denuncian lentitud de la Fiscalía General del Estado (FGE) en investigación por administración fraudulenta de un edificio ubicado en el centro de Veracruz
Ha transcurrido un año y siete meses, desde que se presentó la denuncia de administración fraudulenta y dentro de la misma carpeta por el delito de despojo de un edificio ubicado en la zona centro de la ciudad.
El cual es propiedad de Carlos de Ochoa Navarrete, donde la Fiscalía General del Estado de Veracruz, ha sido omisa en las investigaciones, por razones desconocidas y que únicamente ha alargado el proceso, dijo el abogado Juan Javier López de Escalera Hernández.
El entrevistado aseguró que Carlos de Ochoa Navarrete, propietario del inmueble en litigio, en la actualidad reside en el extranjero.
El inmueble consistente en un edificio, está ubicado en la calle Benito Juárez, con número 65 y 69, anterior 11 y 13 de la colonia Centro de esta ciudad.
Recordó que el pasado 28 de agosto del 2017, le otorgó un poder especial para pleitos y cobranzas y actos de administración a su hermana Adriana de Ochoa Navarrete, al igual que a su esposo Andrés Reynaldo Pliego Salcido, quedando estipulado que el dinero que se obtuviera de la renta del inmueble, sería para los gastos diversos de su padre, quien padeció un infarto cerebral.
Sin embargo, dicho acuerdo no fue respetado por su hermana Adriana, debido a que enviaría al señor a un asilo.
Por ello, Carlos de Ochoa Navarrete, realizó un viaje exprés a Veracruz, a reclamarle las cuentas a su hermana del edificio antes mencionado, cuyos departamentos y locales, están ocupados por supuestos inquilinos.
“Le pidió que le entregara el edificio y le contestó Adriana que hiciera como quisiera, que tenían un mejor abogado y que no le iba a quitar la propiedad, inclusive se iba a quedar con su edificio”, comentó.
Por lo que, se presentó una denuncia de administración fraudulenta, el pasado 6 de febrero del 2020, cuya carpeta de investigación ministerial corresponde al número 633/2020.
Antes fueron revocados los dos poderes que fueron otorgados a Adriana de Ochoa Navarrete y su esposo Andrés Reynaldo Pliego Salcido, el pasado 28 de junio del 2019, y posteriormente se solicitaron las cuentas, recibos fiscales, las declaraciones de las rentas,
“Se ha impulsado el expediente de diferentes formas, se ha solicitado el informe a la CFE, para que entregue quienes estuvieron ahí, contratando la luz, también no han entregado nada, se pidió un informe de investigación, dos informes de investigación se giraron en la carpeta, se va uno a entrevistar con el fiscal de distrito y con el fiscal que lleva el asunto y me comentan que no pueden hacer nada, cuando el ministerio público es el jefe y la autoridad superior que los ministeriales”, comentó.
A la fecha, únicamente se han presentado a declarar Andrés Reynaldo Pliego Salcido, quien se reservó el derecho, al igual que la encargada del local “Doña Cama y Don Colchón”, que está ubicado en la parte baja del edificio.
Destacó que las personas que están ocupando el primer piso del edificio, así como el local de la planta baja, están incurriendo en el delito de despojo, debido a que el propietario del mismo, no ha dado el permiso para habitarlo.
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El abogado Juan Javier López de Escalera, aseguró que el fiscal de distrito iba a consignar este caso por el delito menor, en específico por el uso de un documento falso, que a su consideración no era lo que correspondía.
Los cierto es que en un año 7 meses, únicamente han hecho una sola diligencia, lo que hace pensar que esta investigación está parada por razones desconocidas.
Por ello, interpuso un medio de defensa innominado, ante el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Oral Penal, radicándose en el cuaderno de control 62/2021 de la sala B, por lo que se exige fecha de la audiencia y el juez le dé un término para desahogar las pruebas solicitadas y para el término de la investigación.
Recordó que el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuenta con un vacío legal, al no existir un término de una investigación, cuando anteriormente se daba un plazo máximo de seis meses.
La misma situación está padeciendo su hermana Patricia de Ochoa Navarrete, quien también denunció a su hermana Adriana, por la vía civil, debido a que también está administrando otras propiedades que no están a su nombre, en específico unos departamentos y locales.
Juan Javier López de Escalera Hernández, apoderado legal de Carlos de Ochoa Navarrete, solicitó que la Fiscalía General del Estado(FGE), aplique la ley, sin favoritismos hacia los responsables de una administración fraudulenta y despojo.
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